domingo, 8 de julio de 2012

Sanciones económicas para delitos económicos


La justicia combate los delitos contra la propiedad desestimulando su rentabilidad. Los ladrones, evasores, contrabandistas y demás agentes económicos ilegales, ven afectado su afán de lucro con cárcel (inactividad), multas, desprestigio.

En otros artículos (1) he comentado con ustedes algunas ideas contenidas en nuestro inconsciente sobre la propiedad privada y cómo esos contenidos influyen sobre:

— nuestra filosofía de vida,
— nuestras actitudes frente a los delitos contra la propiedad y
— los sentimientos que padecemos cuando somos víctimas de un robo.

¿Qué hacemos los habitantes de un país para evitar los problemas que causan aquellos ciudadanos que no logran reprimir el deseo de robar, propio de nuestra especie?

Para simplificar la idea, menciono solamente los casos en los que el imputado como ladrón va a la cárcel durante un cierto tiempo.

En otras palabras, alguno de nosotros roba un bien, es descubierto, juzgado, condenado y queda encerrado en una cárcel (inactivo) durante un año.

Seguramente ese robo tuvo fines de lucro, es decir, robamos para revender el objeto o para evitar comprarlo, todo lo cual tiene por objetivo mejorar nuestro patrimonio, aumentar nuestra capacidad económica.

Podemos decir que cuando nuestro natural deseo de apoderamiento no es adecuadamente reprimido por nuestra conducta, educación, disciplina, incurrimos en un delito porque otro ciudadano se ve perjudicado por nuestra actividad. Si no hay perjudicados, el delito no existe.

Como el principal objetivo de los apoderamientos ilícitos es ganar dinero, predomina en nuestra cultura el encarecer las actividades delictivas para desestimular dicho afán de lucro.

Por lo tanto, es posible decir que la justicia apela fundamentalmente a desestímulos económicos (la cárcel impide seguir produciendo) para evitar las apropiaciones indebidas (hurto, rapiña, defraudación fiscal, prostitución, tráfico de drogas, estafas, extorsión, secuestro).

En suma: las sociedades tratamos de perjudicar económicamente las actividades lucrativas que perjudican injustamente a otros ciudadanos.

 

 

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